por Vanni Pettinà 
Las tensiones en la región andina han alcanzado en las pasadas semanas un nivel realmente alarmante. Hasta el momento, habían sido los procesos de reforma constitucional que se están dando en Bolivia, Venezuela y Ecuador los que habían suscitado alguna preocupación. Dichos proyectos de reformas, completamente legítimos desde un punto de vista legal, han levantado ciertas críticas, en parte por las formas con que se han llevado a cabo: en Bolivia, por ejemplo, la reforma constitucional se ha aprobado con una mayoría simple del 51%, un consenso evidentemente insuficiente para una transformación tan radical de los cimientos de la democracia boliviana. En Venezuela, ha sido sobre todo el contenido de la reforma lo que ha creado alarma, considerado el hecho de que más allá de proclamar el ambiguo socialismo del siglo XXI, la nueva Constitución eliminaría el límite de la reelección presidencial, otorgaría amplios poderes a la figura institucional de la presidencia y debilitaría el sistema de checks and balanances del estado.
Sin embargo, mientras que hasta el momento los problemas de la región habían sido confinados en el interior de los países, concentrados en unos procesos de reforma interna caracterizados por algunos elementos problemáticos, en las últimas semanas se ha ido perfilando la sombra de una grave crisis diplomática entre distintas repúblicas que cohabitan la región. El centro del problema ha sido el conflicto, largamente previsible, entre Venezuela y Colombia, estallado durante la última semana del mes octubre. Supuestamente, la causa última que ha desencadenado la actual crisis diplomática entre los dos países andinos habría sido la llamada efectuada por el Presidente venezolano Hugo Chávez a un alto cargo militar colombiano, el General Montoya, un oficial todavía en efectivo de las fuerzas armadas colombianas. La llamada habría sido efectuada en el marco de las negociaciones entabladas por el Presidente “bolivariano” con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para solucionar la dramática cuestión de los rehenes que permanecen secuestrados desde hace largo tiempo por la guerrilla, supuestamente, revolucionaria. Hasta hace pocas semanas, dichas tratativas habían sido cautelosamente apoyadas por el Presidente de Colombia Álvaro Uribe, sin duda alguna una actitud curiosa por parte de un gobierno que no había mantenido, a lo largo de su último mandato, unas relaciones particularmente cordiales con el “chavismo”. Si la llamada ha sido la gota que ha colmado la medida, es cierto que durante las negociaciones habían emergido en más de una ocasión señales de preocupación por parte de Colombia, acerca de la manera atrevida y demasiado mediatizada con la cual el presidente venezolano estaba llevando a cabo la gestión de la tratativa con las FARC.
Bogotá, que en un primer momento había aceptado la mediación ofrecida por el omnipresente Hugo Chávez, había progresivamente visto crecer las probabilidades que los negociados llevados a cabo por el Presidente bolivariano se transformaran en un intento de legitimación de la guerrilla colombiana. En fin, durante los meses de gestiones “chavistas” habían emergido señales importantes de que el resultado diplomático de las negociaciones no iba a ser la adopción de una estrategia humanitaria por parte de las FARC hacia el problema de los secuestrados, sino el de una legitimación política de la guerrilla. Y el problema no es tanto el de considerar más o menos acertada la elección de una estrategia de resolución del conflicto colombiano que pase por un reconocimiento de las FARC cómo interlocutor, sobre la cual se podría probablemente debatir. El problema es que dicha elección iba a ser adoptada no por el gobierno de Álvaro Uribe, legítimamente electo por los Colombianos y deputado por los mismos a la resolución de los problema de su país, sino por el Presidente de Venezuela Hugo Chávez. La reacción de Uribe ante la llamada de Chávez al general Montoya no se ha hecho esperar. Durante un acto público, el Presidente colombiano ha alertado a Chávez para que parara de poner en práctica su estrategia diplomática de ingerencia, cuyo fin era, más que dar una contribución a la resolución del conflicto colombiano, el de expandir su influencia en la región. De allí la respuesta del líder venezolano que, en repetidas maratones televisivas y después de haber acusado Uribe de ser un mentiroso y un títere de Bush, ha declarado congelada las relaciones con Colombia.
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