Por Horacio Barrancos Bellot
Hablar de temas empresariales en un espacio dedicado exclusivamente a los asuntos público-gubernamentales, podría quedar no muy bien ubicado. Pero en realidad, el hacerlo obedece a dos razones: Primero, toda actividad empresarial tiene un impacto de carácter público, que muchas veces no está incluido o que se presenta como algo desvinculado de su finalidad privada; y segundo, la preocupación empresarial sobre sus impactos públicos es mérito del activismo de la sociedad civil organizada, la cual empezó a actuar debido a la insuficiente protección del sector público (entendido éste como la suma de los poderes del Estado). Casi paradójicamente, resulta “significativo” que hoy el sector empresarial busque alianzas con sectores públicos para desarrollar actividades de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
El tema surge a propósito de un destacado evento que tuvo lugar los pasados 20 y 21 de septiembre en Madrid. Me refiero a la “II Conferencia España-Iberoamérica de Responsabilidad Social de las Empresas: Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo”, organizada por la Fundación Carolina. Como ya es habitual, se trató de una reunión importante, con gran convocatoria y con un grupo de conferencistas de muy alto nivel que incluyó a un ex Presidente (Costa Rica), al Vicepresidente Segundo de España y a directivos de empresas como Oxfam, Repsol-Ypf, Iberdrola, Shell, Pnud y Bid, para citar sólo a unos cuantos. Todo bien salvo por tres cosas que llaman mi atención: 1) La perenne insistencia española de utilizar el término Iberoamérica, detalle que entra en una cuestión más allá de la semántica; 2) Entre casi 30 panelistas participantes de una conferencia España-Iberoamérica, solo dos fueron latinoamericanos, y por supuesto no hubo ni un solo representante de algún sector público latinoamericano; y 3) el punto focal –evidentemente- estuvo en las estrategias para hacer RSE de la mano del sector público, y no en las acciones y/o en los receptores de los programas de RSE.
Es verdad que entre el sector público y el privado existe un área gris cada vez más grande, en el cuál hay un amplio margen de acción para quienes no son puramente públicos ni puramente privados; esa área es el “tercer sector”. Sin embargo, el debate sobre la intervención en esa área no puede dejar de lado al sector público, de la misma forma como la agenda en el "tercer sector" no debe ser administrada por organismos internacionales, ni mucho menos por empresas privadas u ONGs. No estaría mal preguntar a los beneficiarios de los programas del “tercer sector” sobre sus necesidades y prioridades. Aquello es una cuestión de sentido común, que no termina de cuajar en todo el “tercer sector”. Por ello es que ese evento -y su enfoque- a mi me suena algo incongruente. Pero esa incongruencia es parte de las incongruencias que inexorablemente han caracterizado las acciones en el “tercer sector”, como por ejemplo el perfil no lucrativo de los programas de RSE.
De cara a la sociedad, el discurso político de los países más desarrollados sostiene que los programas de cooperación de su sector privado desempeñan un loable papel en el desarrollo de los países pobres. Sin embargo, Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la contribución activa y voluntaria de las empresas al mejoramiento social, económico y ambiental con el objetivo de mejorar su situación competitiva y su valor agregado. La RSE es una actividad estratégica en la competencia comercial, por tanto siempre tiene un interés lucrativo.
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